La Coctelera

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Categoría: prensa

17 Septiembre 2009

La febril actitud opositora ha creado un clima que obscurece el significado de la ley de radiodifusión 'Ley de Medios' que se debate en Argentina. Tras su aprobación por los diputados hoy de madrugada la controversia opositora ha alcanzado hoy un hito trasgresor marcado por  las palabras de Mauricio Macri (PRO), Jefe de Gobierno porteño, que ha calificado al gobierno de fascista.
Lo cierto es que la nueva ley viene a reemplazar aquella de la dictadura, firmada por el mismísimo Videla ( ley de facto 22.285, 1980) cuando el fascismo cívico-militar gobernaba en Argentina y en Chile.

Pero también la gran prensa argentina (La Nación, Clarín) se opone radicalmente a la iniciativa lo que se refleja en el sesgo de editoriales, comentarios e notas de prensa. (La nueva ley no regula el ámbito de la prensa escrita, de los diarios)
El inaudito allanamiento al grupo Clarín fue sin lugar a dudas factor de deterioro de las condiciones de este debate. Pero también actúa la ansiedad de destacados políticos de oposición (inclusive peronistas de oposición) por anticipar y avanzar un perfil de liderazgo con miras a las próximas elecciones presidenciales, propósito para lo que este debate otorga una plataforma mediática, sobre todo cuando la prensa hace eco interesado. Es un asunto de regulaciones decisivas para la vida democrática en la era de las sociedades de la información pero que afecta a un ámbito económico actualmente de gran concentración.

Por todo lo anterior, es interesante leer a quienes abogan por la nueva ley, como el escritor Mempo Giardinelli y los rectores de las Universidades públicas.

O la argumentación del diputado electo Pino Solanas (líder del bloque Proyecto Sur) que sin ser oficialista defiende el voto de aprobación de su bloque.

2 Agosto 2009

Con clausuras  vía administrativa de numerosas radioemisoras, que además afectan a quienes trabajaban en ellas y a sus audiencias, el presidente Hugo Chávez da señas de intolerancia y desgaste frente a los medios de prensa.Genera altos costos políticos por el rechazo de sectores importantes de la opinión pública en Venezuela, en América Latina y por el mundo. El conjunto de medidas por el control de los medios son extemporáneas porque nadan contra la marea democrática del avance global de las sociedades de la información, de la prensa electrónica y de los blogs que le dan vida. Serían reacción a una reciente baja de nueve puntos en la popularidad del presidente. De ser así,  con estas medidas el gobernante y el PSUV arriesgan por lo pronto sólo profundizar ese desgaste.

Se ve mal la clausura de primeras 34 emisoras de radio, fracción de las 356 que según El Universal corren riesgo de tener que cesar transmisiones por asuntos burocráticos probablemente solucionables. Simultáneamente el presidente sostiene medidas contra el canal Globovisión  y prepara – una ley de delitos mediáticos (ver enlace a texto del proyecto de Ley)– que suena a mordaza (y probablemente ese sea su objetivo) y a restricciones no-necesarias de libertades adquiridas. Es un retroceso democrático.

Los efectos secundarios de una década en el poder parecen tomar control de éste.  El desgaste, por ejemplo,  también programático, que hace ver a la democracia, sus libertades y elecciones como amenazas cíclicas, como un desafío cada vez mayor cuyas fuerzas requieren ser controladas por contener la posibilidad del recambio: el líder desea seguir liderando desde el gobierno y asegurar su control de la Asamblea Nacional (monopolio gentilmente cedido por error político de la oposición) aunque para todo eso deba estropear constantemente reglas del juego democrático y a la oposición.

Es toda una ancestral tradición de la historia política de América Latina que se juega en Caracas (y también en Bogotá). Es un intento más de asegurar el régimen y su proyecto de las incertidumbres de la opinión pública frente a elecciones, a la crisis y al contexto internacional.

En cualquier caso las medidas no son un buen dato. Incluso si se acepta que la prensa de oposición abandona a veces la deontología periodística en asuntos importantes, como cuando Zuloaga, presidente de Globovisión, niega que el golpe de 2002 haya sido un golpe, en declaraciones a EFE) y  en el trato al gobernante.  Con estas medidas el presidente Chávez se encamina inexplicablemente contra el sentido de los tiempos y hacia un mayor autoritarismo, de esos que asfixian a la oposición. No logra superar el trauma del golpe de 2002 ni tampoco parece estar dispuesto a transformarse y actualizarse. Las medidas son un retroceso evidente debido a las perspectivas y posibilidades abiertas por el presidente Obama. También los reconocidos logros del presidente Lula da Silva podrían inspirar a Hugo Chávez hacia otras políticas. ¿Qué se lo impide?

En este contexto, el debilitamiento de gobiernos aliados del presidente Chávez (Irán por ejemplo, Honduras es un caso aparte) afecta sus aspiraciones internacionales y  puede ser también un factor más de tensión para el régimen. El convenio militar del presidente Álvaro Uribe con Estados Unidos para el uso de bases militares colombianas ha incrementado la tensión entre los dos países. El convenio es, por lo demás, una desacertada intervención regional de Estados Unidos que daña esfuerzos regionales de integración de Unasur.

En Venezuela, la gran prensa opositora al régimen, El Universal o El Nacional, no aumentaron anteriormente su tradicional línea crítica al régimen como para ‘explicar’ reacciones que pudieran ahora dar pistas sobre las causas de  estas restricciones de las libertades. Pero probablemente la pregunta no sea por qué, sino para qué son estas medidas.  ¿Qué podría justificar arriesgar tan gran rechazo internacional?

¿Es la fuerza política actual de la oposición tal cómo para llevar al gobierno a tomar medidas de fuerza que afectan las libertades o ha alcanzado la oposición, por el contrario, tal grado de debilidad que el presidente Chávez sólo aprovecha la oportunidad para tomar mayor control del país?

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